Esta es una versión extendida de algunos de los puntos que hago en esta carta que me publicaron en El Mercurio del 2021-01-16
Buena parte de las definiciones que usamos intuitivamente para analizar el rol de la información en sociedades democráticas, y por tanto de los medios, parten de la premisa que la información es escasa. Pese a ello, la democracia liberal necesita que esa información exista y fluya para alimentar a su mercado de las ideas. Pero hoy vivimos expuestos a precisamente a lo opuesto, a una marea inabarcable y caótica de información en formato digital. Pese a ello, y como si fueran el único instrumento que puede ayudarnos a navegar lo incierto, seguimos usando esas viejas categorías para tratar de entender asuntos bastante más complejos, como las plataformas digitales. El teórico australiano Mark Andrejevic, por ejemplo, sugiere que en casi todos los casos, el uso de esas premisas nos arrastrará a conclusiones parciales e incompletas.
¿Seguimos pisando territorio firme cuando usamos las categorías de medios para mirar la irrupción de las redes sociales y del denominado capitalismo de la vigilancia? ¿Podemos tomarlas –sin reducir todo a simplificaciones sin mucho sentido- para analizar el contexto actual de digitalización?
En una columna en El Mercurio un par de profesores universitarios se asombran por la falta de consistencia de las plataformas para moderar contenidos. Adicionalmente, argumentan que estas plataformas, al hacerse activas en la fiscalización de contenidos, se parecen mucho a los medios informativos tradicionales. Concluyen que hay que regular las plataformas digitales.
Probablemente en algún momento haga falta algún tipo de regulación para resolver este tipo de asuntos. Pero la exigencia de regulación (¡y ojalá lo más rápido posible!), no basta para resolver ningún problema. Habría que detenerse antes a pensar en un par de asuntos previos bastante peliagudos. Algunos derivados de la complejidad del desafío regulatorio (¿Cuál regulación exactamente? ¿Anti-monopolios, como se sugiere en Europa? ¿De protección de datos? ¿De derechos del consumidor? ¿Y en California, a nivel federal o en Chile? ¿Leyes o decisiones administrativas?); otros derivados de la insignificancia comercial del mercado chileno para estas empresas; o, sin ir más lejos, las dificultades existentes para fantasear con regulación existiendo un entramado de tratados de libre comercio en Chile. El ímpetu regulatorio a toda velocidad suele ser un veneno seductor cuando no nos hacemos cargo del asunto completo.